En 1954, el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco en Estados Unidos tuvo como objetivo sembrar dudas sobre la solidez científica de los estudios que mostraban los peligros de fumar. Para ello las tabacaleras establecieron vías de colaboración con el Estado para desarrollar estrategias que reduzcan los daños de sus productos. Sin embargo, según las sentencias judiciales de los últimos años, la industria aprovechó aquellos espacios para bloquear todo tipo de medidas que pudiesen perjudicar a sus intereses comerciales, como la financiación de programas para dejar de fumar.
Las malas prácticas de esta industria han dado lugar a numerosos litigios en los que se mostraban documentos públicos que mostraban esa manipulación. Sin embargo, los vendedores de humo no son los únicos que han utilizado la ciencia para desvirtuar resultados científicos que podían perjudicar su negocio. Hockett, que fue contratado en 1954 por el Comité de Investigación antes de trabajar para las tabacaleras, tenía sus sospechas con la industria del azúcar. En este caso, el objetivo era evitar que la evidencia de sus daños sobre la salud dental se tradujese en políticas sanitarias que redujesen el consumo de azúcar.
La industria azucarera no podía negar el papel de la sacarosa en la caries dental dada la evidencia científica y para ello, adoptaron una estrategia que consistía en desviar la atención hacia intervenciones de salud pública que para reducir los daños del azúcar en lugar de restringir su consumo. Con ese plan, fomentaron la financiación de investigaciones sobre enzimas capaces de deshacer la placa dental y de una vacuna experimental contra el deterioro de los dientes que nunca demostró ser aplicable a gran escala.
De la estrecha relación entre la industria y los organismos públicos responsables de fijar las prioridades de la salud pública y de la investigación se observan algunos datos llamativos como por ejemplo el 78% de un informe remitido por la industria fue incorporado a la convocatoria de proyectos de investigación del Instituto Nacional para la Investigación Dental y otros trabajos, como los pensados para medir cómo algunas comidas específicas causan caries (un enfoque que podía perjudicar a la industria) desaparecieron de la lista de prioridades del NCP. Después de una década liderando la agenda científica para combatir la caries en Estados Unidos, el NCP no logró reducir significativamente el problema de la caries dental, una enfermedad prevenible que sigue siendo la principal enfermedad crónica entre niños y adolescentes" de dicho país, concluyen los investigadores.
Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Alicante, afirma que tácticas como las reflejadas en los documentos publicados por PLOS Medicine siguen vigentes. "Es lo que se llama captura de la ciencia", apunta Hernández. "La estrategia de la industria azucarera en estos documentos es la misma que sigue ahora con la obesidad, centrando el foco sobre la necesidad de hacer ejercicio y dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar", continúa.
Actualmente, la Organización Mundial de Investigación del Azúcar (WSRO), el lobby científico de la industria azucarera mundial —en el que se encuentran corporaciones como la Asociación Azucarera de Estados Unidos y Coca Cola, sigue presionando para que las políticas sanitarias no perjudiquen a su negocio. En 2003, las empresas lograron que no se asumiesen como políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomendación de un comité conjunto de esta organización y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de reducir los azúcares añadidos a un máximo del 10% de las calorías consumidas a diario. La WSRO defendió que, en lugar de tratar de reducir el azúcar en la dieta, las políticas de salud dental deberían centrarse en el uso regular de pasta de dientes con flúor.
La OMS no incluyó en sus guías un límite concreto y se conformó con el impreciso consejo de "limitar la ingesta de azúcares añadidos".
En conclusión, los conflictos de intereses de las personas que diseñan las políticas sanitarias y de investigación aún no están regulados por una legislación adecuada. En Europa, tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han llamado la atención sobre el problema del conflicto de interés, pero la legislación aún no es bastante estricta a este respecto.
En Estados Unidos, los autores aseguran que se ha experimentado una mejora. Esto comenzó a cambiar en los setenta, y en 2015, los NIH (la mayor agencia de financiación de la biomedicina de Estados Unidos) tenían un programa completo dedicado al contacto ético entre sus institutos para hacer frente a los efectos adversos para la ciencia de conflictos de interés con la industria.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado
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